Este régimen de ayudas constituye una medida de gran calado para el desarrollo del sector vitivinícola que los agricultores de Castilla-La Mancha han aprovechado eficazmente, y que ha permitido mejorar la dimensión y la estructura productiva de las explotaciones vitícolas, su modernización agronómica en términos de reducción de costes y tecnificación, la regeneración varietal y, por tanto, la adaptación del sector al dinámico mercado vitivinícola. Prueba de ello es que nuestra región es la mayor perceptora de estos fondos a nivel nacional, lo que se está traduciendo en una realidad inversora y emprendedora de nuestros viticultores.
La incorporación de evidentes mejoras en la gestión de esta medida en los dos últimos años ha posibilitado que los viticultores puedan tener seguridad real del cobro de las subvenciones, entre las que destaca, por una parte, el aumento en el nivel de ejecución y certificación administrativa de los proyectos y, por otra, la captación de fondos sobrantes y ejecutables en nuestra región procedentes de otras medidas y/o de otras comunidades autónomas.
Por ello, es obligada la incorporación de mejoras de calado que aseguren, a los viticultores y directores de planes, el cobro de las subvenciones, así como implementar medidas y criterios técnicos que disipen cualquier tipo de inseguridad jurídica en su gestión, tanto a la administración como a los administrados. Entre estas la de obligar a la presentación telemática por tratarse de personas que por su entidad disponen de las capacidades para acceder a la administración por estos medios.
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